Acuerdo de Intercambio de Informacion en Materia Triburaria entre Uruguay y Brasil

Publicado en mar 26, 2015

Acuerdo de Intercambio de Informacion en Materia Triburaria entre Uruguay y Brasil

Con motivo de cumplir con las exigencias de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el día 23 de Octubre de 2012, se firmó un Acuerdo entre Brasil y Uruguay con el fin de regular el intercambio de información tributaria (en adelante “el Acuerdo”).

El Acuerdo firmado con Brasil, se ratificó por Ley N° 19.303 mediante su promulgación por parte del Poder Ejecutivo en Uruguay, y entrará en vigencia cumplidos los 30 días contados a partir de recibida la última notificación acerca del cumplimiento de los procedimientos previstos en las legislaciones respectivas para su entrada en vigor.

En virtud del presente Acuerdo, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Receita Federal Do Brasil (RFB), podrán intercambiar información previsiblemente relevante de índole tributaria. Es importante destacar que, en el Protocolo del Acuerdo se prevé que  Uruguay y Brasil se comprometen a firmar otro Convenio para evitar la doble imposición en materia de Impuestos a la Renta y al Patrimonio, en un plazo máximo de dos años a contar de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

1 – ¿Qué información se puede pedir y para qué?

La información debe ser solicitada por las autoridades correspondientes de cada país, y debe ser aquella que concierne a la administración y aplicación de sus respectivas legislaciones internas, referentes a sus impuestos y Delitos Penales Tributarios.

La información que podrá ser intercambiada es la que “previsiblemente” sea relevante para la determinación, liquidación y recaudación de tributos, el cobro y ejecución de deudas tributarias, o la investigación y enjuiciamiento de casos en materia tributaria.

En el artículo 3 del Acuerdo se específica que el intercambio de información será en materia de impuestos nacionales de competencia de la Receita Federal por el lado de Brasil y de los Impuestos Nacionales por el lado de Uruguay.  De ésta forma se excluyen los tributos que sean de otra índole, como por ejemplo, los tributos creados por otras dependencias ajenas al Poder Legislativo en Uruguay, como los Gobiernos Departamentales, y a tributos inter-estaduales en Brasil. El Acuerdo también abarca a los tributos con idénticas o muy similares características que aparezcan luego de la entrada en vigencia del mismo.

La información que una autoridad le puede solicitar a otra, sobre no residentes uruguayos comprende:

1) Información bancaria y de otras instituciones financieras.

2) Información sobre personas que actúan en calidad de representantes o fiduciarios.

3) Información sobre la propiedad de sociedades comerciales y personales, fideicomisos y fundaciones (incluyendo toda la cadena de propiedad, fideicomitentes, fiduciarios, beneficiarios, fundadores de las fundaciones y miembros del consejo de fundación).

No debemos olvidar que actualmente, en el sistema interno de Uruguay, se encuentra vigente la ley 18.930, que obliga a declarar al Banco Central del Uruguay a los titulares de entidades con participaciones patrimoniales al portador. Para el caso de las entidades no residentes, solo se debe comunicar a los titulares de participaciones patrimoniales en caso de que las mismas tengan Establecimiento Permanente o su sede de dirección efectiva para el desarrollo de sus actividades empresariales (ya sea en Uruguay o en el extranjero).

Es importante resaltar que la información solicitada debe tener como destino una función directamente relacionada al Tributo: su determinación, liquidación, recaudación, cobro y ejecución, o investigación o enjuiciamiento por delitos en dicha materia tributaria.

2 – Requisitos para el pedido de Información:

En este sentido, el Acuerdo en el artículo 5 numeral 5, exige que la autoridad que solicita la información deba cumplir con los siguientes requisitos al formular el requerimiento:

  1. Identidad del investigado.
  2. Periodo por el cual se solicita la información.
  3. Naturaleza de la información solicitada, y la forma en que desea recibir la misma.
  4. Finalidad fiscal de la solicitud.
  5. Motivos de porque se cree que la información que se solicita está en posesión de la autoridad requerida, y motivos por los cuales se cree que la información solicitada es previsiblemente relevante para la administración y aplicación de los impuestos de la Parte Requirente.
  6. Una declaración que demuestre que dicha práctica de obtención de información es acorde a las prácticas administrativas y al Derecho interno de la requirente, y que si la información solicitada se encontrase en la jurisdicción de la Parte Requirente, la autoridad competente de esta última estaría en condiciones de obtener tal información.
  7. Una declaración que demuestre que se han agotado todos los medios para hacerse de la información que se solicita en su propio territorio.

Claramente se prevé el intercambio de información a pedido expreso y fundado. La información no se podrá otorgar de forma automática sin cumplir con los requisitos y procedimientos previstos en el Acuerdo. La información solicitada podrá ser de no residentes, pero siempre y cuando la misma se encuentre en poder de las autoridades del país o se encuentren en posesión de personas bajo su jurisdicción, y de la cual se disponga legalmente.

3 – ¿Cuando la parte requerida puede denegar la información?

Se prohíbe de forma expresa las “fishing expeditions” o “expediciones de pesca”, es decir, pedir información al barrer de forma general, solicitudes meramente especulativas. De ésta forma ante una solicitud, la autoridad requerida deberá evaluar si dicho pedido sirve realmente para cumplir con el objetivo que la autoridad de la requirente señala.

En caso de que no se cumpla con  algunos de los requisitos mencionados en el artículo 5, la parte requerida podrá denegar el traspaso de la información e informar de los defectos dentro de los 60 días de solicitada la información. En caso de no obtener la información, enfrentar inconvenientes para obtenerla o decidir denegarla, deberá informar de inmediato.

A su vez, tal como lo menciona el artículo 7, se protege el secreto profesional y por consiguiente, trata la posibilidad de denegación del pedido de información realizado por el país requirente en caso de que la información se encuentre amparada en el secreto profesional, comercial, empresarial, mercantil o de proceso industrial. Específicamente se prevé en materia legal cuando la información fue brindada de forma confidencial a un abogado o representante legal reconocido, con la finalidad de recabar o dar asesoramiento jurídico, o por motivo de algún proceso judicial previsto o en curso.

Se prevé el principio de subsidiariedad en el Acuerdo, esto implica que  el país requirente deberá demostrar que ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la información.

Además la información que se solicita debe ser información que se podría solicitar si ésta estuviese en el país propio de quien la requiere, conforme al Derecho y a las prácticas administrativas. Si en su propio país esa información  no puede ser obtenida, entonces no podrá solicitarle a la otra parte que se la suministre.

También se denegará aquella información que de ser transferida contraríe al Derecho de orden Público interno (aquellos Derechos que no pueden ser contrariados voluntariamente por ser considerados de una importancia que excede al propio individuo). En el caso de que la información solicitada tenga como consecuencia una aplicación tributaria discriminatoria a una persona nacional de la Parte requerida, la autoridad podrá denegar dicha información.

Por otro lado, si la información no alcanza para cumplir con los objetivos de la parte requirente, la autoridad requerida deberá recabar la información pertinente por más que para su propio sistema tributario dicha información sea irrelevante. Incluso, establece el Artículo 5 del Acuerdo, que la parte requerida a solicitud de la requirente de forma expresa, proporcionará información mediante testigos y copias autenticadas de documentos públicos, siempre que su Derecho interno lo permita.

4 – Procedimiento para el pedido de la Información:

En el Acuerdo se prevé que el intercambio de información se debe realizar de acuerdo a la legislación interna de cada país. El Decreto 331/011 del ordenamiento uruguayo regula el procedimiento que debe cumplirse una vez que se recibe la solicitud de información extranjera:

A) Evaluación de pertinencia del mismo en base a lo previsto en el Acuerdo.

B) Vista previa a los interesados previo al envío de la información al exterior. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la información a enviarse, el mismo podrá oponerse, presentar pruebas, etc.

En relación con el intercambio de información bancaria, el proceso se encuentra regulado por el decreto 282/011, el cual prevé que el contribuyente puede autorizar el levantamiento del secreto bancario, o por el contrario, la necesidad de un proceso judicial con posibilidad de apelación.

5 – Confidencialidad

El Acuerdo prevé en su artículo 8 que  la información intercambiada entre los países será confidencial, debiendo aplicarse por el otro estado las normas de confidencialidad más estrictas.

6 – Aplicación Temporal

La vigencia del Acuerdo comienza 30 días después de recibida la última notificación de forma diplomática, por la cual los países firmantes se comunican acerca del cumplimiento de los procedimientos previstos en sus respectivas legislaciones para su entrada en vigor. Una vez vigente, en materia tributaria penal, solo se podrá pedir información respecto a hechos ocurridos durante la vigencia del acuerdo. Respecto a la información en el resto de la materia tributaria, solo se intercambiará información sobre hechos generadores ocurridos durante la vigencia del mismo.